Gabriel Amador Castillo delante de la sede del Grupo Jale, en la calle Larga. /Foto: Pedro Payán.
Gabriel Amador Castillo, administrador de Ergamasa, una empresa constructora que trabajaba para el grupo Jale y a la que ésta le adeudaba aproximadamente 1,2 millones de euros es el presidente de la Asociación de Acreedores del Grupo Jale (ADA-Jale) que aglutina a 1.400 acreedores. Jale, la constructora y promotora inmobiliaria que tenía su sede en la calle Larga era la cabecera, además de un grupo hotelero propietario de entre otros el Hotel Monasterio San Miguel hoy gestionado por una empresa que trabaja para una entidad bancaria, y el Hotel Duques de Medinaceli --que aún permanece cerrado a pesar de los distintos interesados por su vuelta a aperturar-- y otros ubicados en diferentes puntos de la geografía española.
ADA-Jale ha emitido un comunicado en el que explican las acciones que quieren llevar a cabo para recuperar sus derechos, entre otras "personarse en el concurso de acreedores, conocer su real situación y tomar acción en reclamar sus derechos". La Asociación de Acreedores del Grupo Jale, manifiestas que está "harta de esperar la firma del convenio de acreedores", recordando que hace más de seis años y medio tres empresas del Grupo Jale fueron declaradas en concurso voluntario de acreedores, por lo que "más de 1.400 subcontratistas, proveedores de servicios y proveedores de materias primas pasamos a ser considerados acreedores ordinarios, lo cual significa que, aun a pesar de que hubiera activos más que suficientes para satisfacer nuestra deuda, no se podría realizar hasta que no se firme el convenio de acreedores, con gran diferencia de trato con nuestros compañeros los acreedores privilegiados, que sí pueden ir satisfaciendo sus créditos sin necesidad de la firma del convenio".
En el comunicado expresan que a pesar de que la Ley Concursal fue creada "para que a los acreedores (privilegiados, ordinarios y subordinados) se les satisfagan sus créditos y esa gestión de intereses ajenos se encomienda a los administradores concursales", señalan que "parece ser que eso no ha sido así, pues en los casi siete años transcurridos, esa encomienda de gestionar los bienes ajenos no se ha llevado a cabo como establece la Ley Concursal".