En la imagen, Buena parte de los colonos que actualmente cuentan con parcelas en el Coto de la Isleta examinando algunos de los documentos que corroboran los arrendamientos realizados por el Ayuntamiento en este asentamiento agrícola y ganadero
En 1942 el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María arrendó unas fincas en el Coto de la Isleta a unos ex combatientes de la Guerra Civil. Sus descendientes reclaman que se regularice su situación. «No somos usurpadores», afirman.
Sobre ellos pende cual espada de Damocles un expediente del Ayuntamiento que puede obligarles a abandonar los terrenos donde han vivido, la mayoría, toda su vida. Y, algunos, incluso, tienen que hacer frente a unas diligencias en el Juzgado de lo Penal por un delito contra la ordenación del territorio y otro por usurpación. Sin embargo, si hay algo que les indigna por encima de esto es que los acusen de "usurpadores".
Señaladas con la flecha roja, las parcelas del Coto de la Isleta objeto del litigio de ¡los úlitimos colonos'. /Foto: Google.
Este es el caso de los colonos de una decena de parcelas ubicadas en el Coto de la Isleta. Su situación ha trascendido en estos días nuevamente tras un comunicado hecho público en el último trimestre del pasado año por parte del colectivo Ecologistas en Acción que apunta que la Junta de Andalucía ha solicitado información al Ayuntamiento sobre los expedientes disciplinarios abiertos contra ellos. Las fincas se encuentran sobre un terreno de propiedad municipal que está catalogado en la actualidad como espacio protegido (es un sistema general de espacios libres). Sin embargo, en este singular caso hay un trasfondo de permisividad y dejadez institucional arrastrado durante décadas que ha provocado que estas familias se encuentren en una situación excepcional. No en vano, son la herencia de uno de los últimos vestigios de la política de colonización agraria en la ciudad llevada a cabo por el Régimen Franquista en la Posguerra, cuya enseña más conocida es el Poblado de Doña Blanca.
LOS INICIOS: AÑO 1941.
Era el año 1941 cuando el Ayuntamiento, que estaba dirigido por Manuel Barba Ordóñez, proponía la adquisición de una finca de 1.600 aranzadas en el Coto de la Isleta que era propiedad de Josefa Bolaños./En la imagen de la izquierda, el alcalde Manuel Barba Ordóñez.
Meses después se cerraba la operación, una transacción que le costó al Ayuntamiento 110.000 pesetas de entonces. Un año después, con el cabildo dirigido por Fernando de Terry y del Cuvillo, se decidía parcelar estos terrenos para darlos "a buenos trabajadores del campo, vecinos y domiciliados en la población" que, "por humilde y por sufrida, merece sobre todas las demás el decidido amparo de este Ayuntamiento", según reza en uno de los documentos de la época.
Los beneficiarios eran, en su mayoría, ex combatientes del Bando Nacional a los que se le aplicó un sistema de explotación similar al de Doña Blanca. Así, pagaban sus rentas anuales, en este caso al Ayuntamiento, tanto en efectivo como en especie. También estaban obligados a realizar su aportación a la Cámara Agraria como cualquier explotación agropecuaria de la época. Todos los que hoy siguen en estas tierras son hijos o familiares directos de aquellos beneficiarios originarios. /En la imagen de la izquierda, el alcalde Fernando C. de Terry y del Cuvillo, apodado 'el Levante', por su fuerte temperamento.
RECISIÓN DE LOS CONTRATOS: AÑO 1974.
Este sistema se mantuvo hasta principios de los setenta. Concretamente, en 1974 el Pleno municipal acordaba rescindir los contratos de arrendamiento que mantenía con los colonos que se habían asentado en una franja del Coto de la Isleta situada en paralelo a la vía del tren (hoy en día es una zona de aparcamientos para el pinar), a los que indemnizó económicamente.
Sin embargo, mantuvo las parcelas que hoy día siguen en una de las márgenes del Camino del Tiro Pichón. Eso sí, el Consistorio empezó a dejar de cobrar las rentas, aunque la Cámara Agraria siguió haciéndolo hasta su desaparición en la década de los ochenta. /En la imagen de la izquierda, el alcalde Fernando T. de Terry Galarza.
Conforme los antiguos adjudicatarios envejecían o morían se fueron reduciendo las explotaciones agrícolas y ganaderas, aunque a ello se unió que los terrenos perdieron su fertilidad por su progresiva salinización debido al encauzamiento de un canal para la salina de La Tapa, que transcurre muy próxima a la finca. Eso sí, algunos de los hijos siguieron residiendo en ellas o manteniendo, aunque a pequeña escala, los huertos o las explotaciones ganaderas.
José Jiménez lo explica: "--Yo he nacido aquí. Tengo 65 años y esta es la única casa que he conocido. Pero ahora me acusan de que soy un okupa". Todas las viviendas cuentan con agua potable, una red que está conectada a la red general de Apemsa, quien autorizó los enganches. Incluso, algunos cuentan con permisos de luz concedidos por Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez. Sin embargo, no pudieron contratar el suministro por lo que recurren a placas solares o a motores. Incluso, María asegura: "--A mí, Hernán me consiguió los materiales para hacerme mi casa". Acto seguido, Milagros apunta: "--Y a mí me dio permiso para hacer la valla de la mía". José Miguel Gómez Pedrosa, abogado del grupo de colonos, señala al respecto: "--A estas familias no se les puede acusar de ser usurpadores de un terreno público por la naturaleza y el recorrido histórico de este asentamiento ya que las mismas en su día contaban con contratos de arrendamiento, cuya posesión del terreno ha sido conocida, consentida y tolerada pacíficamente por el Ayuntamiento a lo largo de décadas". /En la imagen, el alcalde Hernán Díaz Cortés.
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS: AÑO 2010.
Sin embargo, el Consistorio inició hace algo más de dos años un triple procedimiento disciplinario contra los colonos. Para empezar, abrió unos expedientes de restablecimiento de la legalidad contra las construcciones más recientes. Incluso, algunos de estos procedimientos han derivado en la vía penal iniciándose diligencias penales por un supuesto doble delito, la usurpación y contra la ordenación del territorio. Y, a esto se ha sumado que se ha abierto un expediente de extinción de la ocupación del dominio público.
Ante esto, el letrado de los afectados inició hace más de un año los contactos con el Ayuntamiento para tratar de buscar una solución amistosa. De hecho, se mantuvieron encuentros con el alcalde, Enrique Moresco, y con el concejal de Patrimonio, Francisco Aguilar. Este edil se comprometió con los colonos a buscar una solución pero, un año después, no se ha recibido una propuesta. Días atrás, volvieron a solicitar un nuevo encuentro con la primera autoridad de la ciudad. Sin embargo, los colonos critican que el Ayuntamiento, ni siquiera, les permita acceder al expediente completo de estas fincas./En la imagen, el actual alcalde, Enrique Moresco García.
Llevan meses solicitando consultar los legajos históricos donde aparecen recogidos los contratos de arrendamiento. "--Lo que queremos es que arreglen nuestra situación, que nos dejen seguir aquí porque es donde siempre hemos vivido, y pagando, como hemos hecho siempre", comenta una de las colonas cuando se le pregunta por el futuro. "--Pero que no nos digan más que somos unos usurpadores", apostilla Eduardo Gallardo. (Texto: Emilio M. Cañas).